La falta de ética y las prácticas
deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública y del sector
privado, afectan al desarrollo social y son al mismo tiempo, las más difíciles
de ser probadas porque los delincuentes de “cuello y corbata” generalmente nunca
dejan pruebas. Urge entonces hacer cumplir las políticas de
controles internos que desde la perspectiva de la administración de riesgos y
buen gobierno organizacional son necesarios para el desarrollo nacional. La corrupción no sólo es un acto inmoral y
lesivo a los intereses del país, sino que fomenta el subdesarrollo,
analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo y otros males
sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar social de la población.
En el Perú por lo general, la corrupción
siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de esta manera, el importante
rol que cumplen los partidos políticos en la democracia. Es cierto que algunos
malos funcionarios del gobierno central, regional y local han abusado de su
autoridad para cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes
en el sector privado, instituciones civiles, organizaciones populares, en la
piratería de libros y softwares, y hasta en los grupos religiosos.
La corrupción tiene matices y está en todos
los ámbitos. Está en el juez que recibe soborno de los litigantes, en el chofer que paga coima a la policía,
en el profesor que acepta dinero de sus alumnos, en la licitación pública poco
transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También en
el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige ofrendas a
sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia de
bienes comunales y en los políticos que mienten con promesas falsas para lograr
sus objetivos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar
concursos públicos, en adquisiciones sobrevaluadas, en la evasión de impuestos,
en los delitos económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de
sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a nosotros. Hemos crecido
con ella y la tenemos cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en
una institución. La cultura de “Pepe el
vivo” es el modelo de vida de algunos peruanos. El Poder Judicial es casi
sinónimo de corrupción, e incluso, hay quienes celebran los “logros”
alcanzados. Si queremos que el país
cambie empecemos cumpliendo las normas que ya están escritas. El propio Estado
para prevenir actos dolosos y evitar escándalos, ha desarrollado estrictas
normas de control interno, pero lamentablemente no se cumplen.
Para muestra un botón. Algunas empresas están en la obligación
de tener manuales internos para brindar información sobre transacciones vinculadas con el lavado de
activos, pero no cumplen la norma. La obligación es para todas las personas y
empresas que desarrollan acciones como compra y venta de divisas, servicio de
correo y courier, comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas.
También monedas, objetos de arte y sellos postales, préstamos y empeño.
Asimismo, agencias de viajes y turismo, hoteles y
restaurantes, notarios y martilleros públicos, y organizaciones que reciben
donaciones o aportes de terceros. Por último, servicios de cajas de seguridad y
consignaciones, laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos que se utilizan para la
fabricación de drogas o explosivos, y aquellos que se dedican a la compra-venta
o importaciones de armas, materiales
explosivos y empresas mineras. ¿Quiénes de estas empresas cumplen la
normatividad? Hasta en el fútbol la corrupción está latente con la elección de
dirigentes cuestionados o la suplantación de nombres.
FIRMADOS Nro 221
Lima, marzo 2018
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