ARTICULO: Agenda pendiente del Perú

Al ingresar al segundo año de gobierno, el presidente Alan García Pérez, dejó algunos detalles en el tintero, pero también ciertas tareas como agenda pendiente. Una de esas tareas es la aplicación de adecuados controles internos en la administración pública, como principios que ayudarán a reducir la pobreza y la corrupción institucional.

Precisamente, un elemento que ha estado ausente durante muchos años en la administración de gobierno es la adecuada aplicación de controles internos en todos sus estamentos. ¿Pero, qué son estos controles internos? Es un proceso continuo que conlleva a realizar acciones estructuradas y coordinadas, orientadas al logro de los objetivos de la administración pública.

¿Por qué no se logran las metas en los plazos previstos? ¿Cuáles son las causas de los conflictos sociales? ¿Por qué no se puede aplicar con severidad la autoridad? ¿Dónde está la visión de los diversos estamentos públicos? Estas y otras interrogantes tienen su respuesta es la debilidad que tienen quienes hacer gestión pública. La ausencia de adecuados controles que deben aplicarlo todos los responsables de la gestión pública (gobierno central, regiones, municipalidades, empresas públicas y poderes del Estado), es la causa de casi todas las limitaciones que tiene la administración García y el caldo de cultivo para fomentar niveles de corrupción en el aparato público.

Pero, la aplicación de los controles internos no sólo es responsabilidad de quienes tienen autoridad, sino de todos los servidores del Estado. El control interno debe ser efectuado por las personas de los diferentes niveles que laboran en administración pública. De tal manera que desde la dirección hasta el último trabajador deben sentirse partícipes del mismo, así cada uno de ellos podrá adquirir un alto grado de conciencia en el momento de evaluar los riesgos, aplicar controles y estar en condiciones de responder adecuadamente frente a los desafíos diarios. Además, se fomentará la transparencia en la gestión y se evitará posibles actos de corrupción en la administración pública.

En la medida que los diversos estamentos estatales apliquen los controles internos, los servidores estarán preparados para identificar posibles limitaciones y podrán aplicar la correcciones del caso. Pero estos controles no nacen de la noche a la mañana, alguien debe promoverlos y ahí es donde precisamente, la actual administración de gobierno debe actuar. Por un lado, el Congreso de la República mediante normas adecuadas que se apliquen con celeridad y no esperar que solamente la Contraloría General de la República elabore sus propias normas, sino que debe ser un compromiso de Estado, como ocurre en otras naciones, verbigracia Colombia. Debemos aprender mucho del mundo industrializado y analizar cómo otras naciones superaron sus problemas.

La aplicación de adecuados controles internos no solamente es para las empresas u organizaciones que se rigen por el derecho privado, sino también para la administración pública. Incluso, hoy se habla de “gobierno corporativo” en la gestión estatal. Todavía algunos lo relacionan con un programa de fortalecimiento y transparencia en actividades financieras, mientras que otros hacen énfasis en la responsabilidad de los miembros del directorio, ejecutivos de todos los niveles y trabajadores en general, pero ignoran que éstas prácticas también son válidas para la gestión estatal.

Una excelente política de controles internos, pilar fundamental del gobierno corporativo, incluye también la administración de los diversos tipos de riesgos, la competitividad para garantizar la inversión, la promoción de nuevos mercados y los mecanismos para afrontar con éxito los procesos de globalización económica que exigen, cada vez con mayor urgencia, la adopción de estándares internacionalmente reconocidos sobre la forma en que se administran y controlan las organizaciones, sean éstas privadas o públicas.

El desarrollo de adecuados controles internos también presupone la constante evaluación de las funciones de funcionarios y servidores. La falta de controles genera también una serie de problemas en la administración estatal. Por ejemplo, en el caso de los altos funcionarios, cómo saber que el trabajo que realizan justifica el ingreso económico que perciben. Asimismo, si en las entidades reguladoras hay directorios que coordinan la dación de normas, ¿cómo es posible que en la SBS o en Sunat, sólo una persona decida lo que se debe hacer? El caso del BCR vendría bien en el ejemplo. El directorio del instituto emisor coordina y en forma conjunta elaboran las políticas cambiarias u otros reglamentos, cosa que no ocurre en las instituciones donde sólo una persona tiene esa responsabilidad. El nuevo Congreso presidido por Luis Gonzáles Posadas debe corregir esos errores en aras de la transparencia financiera del país.