Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) están amenazando al gobierno, anunciando que volverán a parar si éste no devuelve el dinero descontando por los días no trabajados cuando estuvieron en huelga. Los profesores pretenden cobrar sin trabajar, incluso sin recibir penalidad alguna por los destrozos hechos contra la propiedad pública y privada.
Es notorio que la administración del presidente Alan García Pérez se caracteriza por negociar con las diversas autoridades - sindicales o regionales -, un clima de paz social. Después de un año del segundo debut, las autoridades gubernamentales pueden expresar cierta satisfacción en el manejo económico, pero también preocupación por el desorden social iniciado por sectores de oposición, especialmente vinculados a la extrema izquierda como Patria Roja (Sutep), Nacionalistas (grupos “ollantistas”) e independientes que actualmente administran a las regiones.
Es evidente que la toma de carreteras, aeropuertos o municipalidades tienen una orientación política de boicot al gobierno central. También es cierto que la “oposición” lo único que busca es desestabilizar a la administración García con la finalidad de sacar provecho para sus particulares intereses. Y mientras, el gobierno no ponga mano dura a los desmanes sociales, la imagen de desgobierno quedará en las mentes de los peruanos.
En política nadie debe ser ingenuo, mucho menos sabiendo que detrás de todo el caos social están los grupos que perdieron las elecciones, eternos “sindicalistas” y dirigentes gremiales, que gustan tener pingües ganancias a expensas del trabajo de otros. Las pérdidas económicas que generan los alborotos callejeros no pueden ser cuantificadas en soles. Tal vez se puede precisar el número de turistas que cancelaron su visita al país o los destrozos hechos a la propiedad privada, pero el deterioro de la imagen del país nunca podrá ser cuantificado. La pérdida del prestigio del país es sumamente alta.
Por esa razón, se debe recuperar el respeto a la autoridad, a los principios democráticos y a la propiedad privada. Con mucho esfuerzo miles de peruanos están saliendo adelante mediante diversos negocios y no es justo que éstos se vean afectados por el clima de huelgas y marchas a la cual casi nos estamos acostumbrando. Alguien debe parar esto, es el clamor de la mayor parte de ciudadanos.
Si los peruanos hemos optado por gobiernos democráticos que administren la ciudad y el país, nuestro deber es apoyar las buenas iniciativas que contribuyan con el desarrollo del Perú. Sólo así, alcanzaremos el ansiado nivel de vida que todos nos merecemos. El trabajo genera riqueza y la riqueza, bienestar social y personal. No imitemos lo malo, por el contrario, rechacemos a quienes quieren ver hundido al Perú. El verdadero nacionalismo se lleva en el corazón y no en la destrucción de la vida y propiedad privada.
No permitamos que el caos reine sobre el país y busquemos civilizadamente la solución a los conflictos sociales. Las nuevas generaciones de peruanos tienen el derecho de vivir en un país donde la armonía y la paz sean resultado de la convivencia de todos los peruanos.
Es notorio que la administración del presidente Alan García Pérez se caracteriza por negociar con las diversas autoridades - sindicales o regionales -, un clima de paz social. Después de un año del segundo debut, las autoridades gubernamentales pueden expresar cierta satisfacción en el manejo económico, pero también preocupación por el desorden social iniciado por sectores de oposición, especialmente vinculados a la extrema izquierda como Patria Roja (Sutep), Nacionalistas (grupos “ollantistas”) e independientes que actualmente administran a las regiones.
Es evidente que la toma de carreteras, aeropuertos o municipalidades tienen una orientación política de boicot al gobierno central. También es cierto que la “oposición” lo único que busca es desestabilizar a la administración García con la finalidad de sacar provecho para sus particulares intereses. Y mientras, el gobierno no ponga mano dura a los desmanes sociales, la imagen de desgobierno quedará en las mentes de los peruanos.
En política nadie debe ser ingenuo, mucho menos sabiendo que detrás de todo el caos social están los grupos que perdieron las elecciones, eternos “sindicalistas” y dirigentes gremiales, que gustan tener pingües ganancias a expensas del trabajo de otros. Las pérdidas económicas que generan los alborotos callejeros no pueden ser cuantificadas en soles. Tal vez se puede precisar el número de turistas que cancelaron su visita al país o los destrozos hechos a la propiedad privada, pero el deterioro de la imagen del país nunca podrá ser cuantificado. La pérdida del prestigio del país es sumamente alta.
Por esa razón, se debe recuperar el respeto a la autoridad, a los principios democráticos y a la propiedad privada. Con mucho esfuerzo miles de peruanos están saliendo adelante mediante diversos negocios y no es justo que éstos se vean afectados por el clima de huelgas y marchas a la cual casi nos estamos acostumbrando. Alguien debe parar esto, es el clamor de la mayor parte de ciudadanos.
Si los peruanos hemos optado por gobiernos democráticos que administren la ciudad y el país, nuestro deber es apoyar las buenas iniciativas que contribuyan con el desarrollo del Perú. Sólo así, alcanzaremos el ansiado nivel de vida que todos nos merecemos. El trabajo genera riqueza y la riqueza, bienestar social y personal. No imitemos lo malo, por el contrario, rechacemos a quienes quieren ver hundido al Perú. El verdadero nacionalismo se lleva en el corazón y no en la destrucción de la vida y propiedad privada.
No permitamos que el caos reine sobre el país y busquemos civilizadamente la solución a los conflictos sociales. Las nuevas generaciones de peruanos tienen el derecho de vivir en un país donde la armonía y la paz sean resultado de la convivencia de todos los peruanos.
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