El llamado
Compromiso de Lima sobre la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción
destaca que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para
el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en los países del
hemisferio, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática y la
confianza de la ciudadanía en las instituciones, impactando negativamente en el
goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las
poblaciones. En la
reciente VIII Cumbre de las Américas, los jefes de Estado y de gobierno
reafirmaron su compromiso con los tratados en materia de lucha contra la
corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
Convención Interamericana contra la Corrupción y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
En
tal virtud, los gobernantes se comprometen al fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y a la transparencia, acceso a la información,
protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de
expresión. Eso supone una mayor claridad en el financiamiento de organizaciones
políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras
públicas, contrataciones y compras públicas; y la cooperación jurídica
internacional para el combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen
organizado y al lavado de activos y recuperación de activos.
FORTALECIMIENTO
En ese
sentido, se buscará el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos
anticorrupción y el seguimiento a los informes que periódicamente se producen.
Sobre el
fortalecimiento a la gobernabilidad democrática se pretende fortalecer a las
instituciones para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio,
otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen
desempeño de sus funciones.
También
fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares
interamericanos y universales aplicables en la materia, con la finalidad de
promover el respeto al estado de derecho y el acceso a la justicia, así como
incentivar las diversas políticas de integridad y transparencia en el sistema
judicial.
Ello supone
la promoción de iniciativas regionales en temas de educación, razón por la cual
urge impulsar la educación cívica en los países, con el respaldo de la
Organización de los Estados Americanos, mediante la Comisión Interamericana de
Educación.
El
Compromiso de Lima también propone desarrollar una cultura de transparencia,
participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento
de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de
toda la vida, implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los
diferentes niveles de los sistemas educativos, así como programas de educación
continua.
En el ámbito
público se busca promover campañas de concientización pública y participación
ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y
sobre los instrumentos disponibles para combatirlas.
También
reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas y sus valores y
principios tradicionales, así como los aportes de las comunidades
afrodescendientes, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia
de la administración pública, generando conciencia en favor de la lucha contra
la corrupción.
Se busca promover
la equidad e “igualdad de género” (no se usó la igualdad de oportunidades) y el
empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de las políticas
anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento
de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones
interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales.
Incluir a
los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas
para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave
impacto en dichas poblaciones.
También
garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de
selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el
mérito, la equidad y la aptitud.
Promover la
adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, así como la
presentación por parte de servidores públicos de declaraciones patrimoniales y
de información financiera, según corresponda.
Asimismo,
promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos
estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando como
referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las
Administraciones Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a
desarrollar códigos similares.
Incentivar
la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de
prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y
públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de
la integridad, a todos los niveles.
TRANSPARENCIA
El
compromiso también supone que se continuará fortaleciendo los sistemas o
medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva
participación de la sociedad civil,
organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores
sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el
establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles
actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios
ciudadanos u otros mecanismos de control
social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica.
Promover y
fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda,
subnacionales, en materia de gobierno abierto, gobierno digital, datos
abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de
compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado,
considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores
sociales.
En ese
sentido, se busca consolidar la autonomía e independencia de los órganos de
control superior. También implementar los órganos de transparencia y acceso a
la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales
aplicables.
Se requiere
la promoción y uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con
el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la
rendición de cuentas, mediante el desarrollo de herramientas de identificación,
detección, sistematización y el monitoreo de procedimientos gubernamentales y,
con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas
prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.
FIRMADOS Nro 233
Lima, 2 de octubre de 2018
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