La falta de ética y las prácticas deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública y empresa privada afectan al desarrollo social, y al mismo tiempo, las más difíciles de ser probadas porque los delincuentes de “cuello y corbata” generalmente nunca dejan pruebas. Urge hacer cumplir las políticas de controles internos que desde la perspectiva de la administración de riesgos y buen gobierno corporativo son necesarios para el desarrollo de los pueblos.
La corrupción no sólo es un acto inmoral y lesivo a los intereses de los países, sino que fomenta el subdesarrollo, analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo y otros males sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar social de la región.
En América Latina por lo general, la corrupción siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de esta manera, el importante rol que cumplen los partidos políticos en la democracia. Es cierto que muchas administraciones gubernamentales (presidentes, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores) han abusado de su autoridad para cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes en el sector privado, instituciones civiles, organizaciones populares y hasta en grupos religiosos. Esto por citar al sector público. Algo similar vemos en la empresa privada.
La corrupción tiene distintos matices y está en todos los ámbitos. Está en el juez que recibe soborno de los litigantes, en el chofer que paga coima a la policía, en el profesor que acepta dinero de sus alumnos, en la licitación pública poco transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También en el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige ofrendas a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia de bienes comunales y en los políticos que mienten para ocultar sus hechos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos, en adquisiciones sobrevaluadas, en la evasión de impuestos, en los delitos económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a la actividad pública. Hemos crecido con ella y la tenemos cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura de “Pepe el vivo” es el modelo de vida de algunas personas. Incluso, hay quienes celebran los “logros” alcanzados. Si queremos que nuestros países cambien empecemos cumpliendo las normas que ya están escritas. Los Estados para prevenir actos dolosos y evitar escándalos, han desarrollado estrictas normas de control interno, pero lamentablemente no se cumplen.
La aplicación de adecuados controles internos con enfoque de riesgos en la administración pública es vital para reducir actos e intentos de corrupción gubernamental. Hay crecientes preocupaciones entre empresarios y académicos respecto a la corrupción, especialmente aquellos delitos llamados “crímenes de cuello blanco”. Se busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar con antelación determinadas herramientas.
Los estudios internacionales revelan que solo el 5% de actos de corrupción en una organización pública es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel bajo, el 20% son hechos por gerentes, directores y funcionarios, y el 75% por ejecutivos o empleados de nivel medio. Según las investigaciones del Instituto Internacional de Estudios Gerenciales, los delitos son soborno, malversación, nepotismo, dolo, suplantación, falsedad genérica, robo, defraudación de impuestos y abuso de autoridad.
Firmados N° 104
Lima, Marzo 15, 2010.
La corrupción no sólo es un acto inmoral y lesivo a los intereses de los países, sino que fomenta el subdesarrollo, analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo y otros males sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar social de la región.
En América Latina por lo general, la corrupción siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de esta manera, el importante rol que cumplen los partidos políticos en la democracia. Es cierto que muchas administraciones gubernamentales (presidentes, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores) han abusado de su autoridad para cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes en el sector privado, instituciones civiles, organizaciones populares y hasta en grupos religiosos. Esto por citar al sector público. Algo similar vemos en la empresa privada.
La corrupción tiene distintos matices y está en todos los ámbitos. Está en el juez que recibe soborno de los litigantes, en el chofer que paga coima a la policía, en el profesor que acepta dinero de sus alumnos, en la licitación pública poco transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También en el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige ofrendas a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia de bienes comunales y en los políticos que mienten para ocultar sus hechos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos, en adquisiciones sobrevaluadas, en la evasión de impuestos, en los delitos económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a la actividad pública. Hemos crecido con ella y la tenemos cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura de “Pepe el vivo” es el modelo de vida de algunas personas. Incluso, hay quienes celebran los “logros” alcanzados. Si queremos que nuestros países cambien empecemos cumpliendo las normas que ya están escritas. Los Estados para prevenir actos dolosos y evitar escándalos, han desarrollado estrictas normas de control interno, pero lamentablemente no se cumplen.
La aplicación de adecuados controles internos con enfoque de riesgos en la administración pública es vital para reducir actos e intentos de corrupción gubernamental. Hay crecientes preocupaciones entre empresarios y académicos respecto a la corrupción, especialmente aquellos delitos llamados “crímenes de cuello blanco”. Se busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar con antelación determinadas herramientas.
Los estudios internacionales revelan que solo el 5% de actos de corrupción en una organización pública es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel bajo, el 20% son hechos por gerentes, directores y funcionarios, y el 75% por ejecutivos o empleados de nivel medio. Según las investigaciones del Instituto Internacional de Estudios Gerenciales, los delitos son soborno, malversación, nepotismo, dolo, suplantación, falsedad genérica, robo, defraudación de impuestos y abuso de autoridad.
Firmados N° 104
Lima, Marzo 15, 2010.
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