¿Por qué se acusa de terroristas a ocho campesinos evangélicos? ¿Por qué los militares colocaron armas ante los periodistas como si éstas fueran de los comuneros “capturados”? ¿Si las pruebas policiales han determinado que los campesinos son inocentes, por qué permanecen detenidos? Estas interrogantes merecen respuestas que algunos miembros del gobierno peruano no quieren responder por presiones políticas.
Las autoridades creen que con la captura de ocho campesinos pobres de la comunidad de Chaca, supuestos asesinos de cinco policías y tres civiles en diciembre último, el terrorismo ha sufrido un duro golpe para su aniquilación. Es un craso error creer eso y es una ingenuidad seguir acusando a los ocho campesinos de religión evangélica. ¿Si varios de esos jóvenes ayacuchanos tienen familiares que fueron asesinados por el grupo extremista Sendero Luminoso, por qué ahora ellos mismos serían miembros de esa banda criminal? Al parecer las “investigaciones” de algunas autoridades gubernamentales no tienen la seriedad requerida que merece el caso.
Los ocho campesinos, pobres y quechuahablantes, son miembros de una iglesia evangélica de corte pentecostal de la comunidad de Chaca, ubicada en el distrito de San José de Santillana (provincia de Huanta, departamento de Ayacucho), donde el pastor de la congregación cristiana atestigua que tres de esos jóvenes son miembros de su iglesia, y que los otros son asistentes de otras iglesias cristianas no católicas, que en el Perú representan una membresía del 12 por ciento de una población total de 27 millones de habitantes. Incluso, la ministra peruana del Interior, Pilar Mazzetti, ha reiterado que las pruebas de absorción atómica aplicada a los campesinos arrojan un resultado negativo. ¿Entonces, por qué siguen detenidos? Ese es el primer error político que está cometiendo el gobierno del presidente Alan García Pérez. Se abusa de gente que carece de medios económicos para defenderse.
En primer lugar, son campesinos pobres que no tienen para pagar a un abogado defensor. El departamento andino de Ayacucho es uno de los más pobres del país y fue la segunda ciudad fundada por los españoles en el siglo XVI, considerada inicialmente como un puesto de avanzada entre Lima y Cusco. En ese departamento, ubicado a 575 kilómetros de Lima, hay cientos de pueblos, comarcas y anexos socialmente atrasados, carentes de los principales servicios básicos y los niveles de pobreza supera el 50 por ciento.
En segundo lugar, los campesinos detenidos son quechuahablantes. Se requiere el concurso de intérpretes y traductores que hablen el quechua de Ayacucho, que en pronunciación, gramática y léxico es semejante al quechua de Cusco-Collao. No olvidemos que en el Perú hay 26 variedades del quechua y que en Ayacucho aproximadamente un millón de personas hablan esa variedad idiomática.
En tercer lugar, los mismos detenidos son víctimas de la violencia política. Algunos perdieron a sus familiares que fueron asesinados por el grupo criminal Sendero Luminoso. Esos campesinos tienen las marchas de la violencia en sus propias vidas. Perdieron padres, familiares y amigos. Se estima que en el Perú la violencia política dejó como resultado más de 25,000 muertos en casi 12 años de incursiones subversivas, enfrentamientos armados y asesinatos selectivos. Paradójicamente, los miembros del Partido Aprista Peruano, ahora en el poder, fueron lo que más víctimas tuvieron como consecuencia de la violencia política.
En cuarto lugar, se les presentó al periodismo con armas “incautadas”. Cualquier periodista en América Latina sabe que las armas se “siembran” para favorecer o perjudicar a determinadas personas. Si las pruebas revelan que los campesinos no han disparado bala alguna, cómo es que ahora “tienen” las armas que se usaron contra los policías y civiles. Es más, por testimonio de los detenidos, ellos recién han visto las armas cuando fueron presentados ante el periodismo. Es decir, para las fotos del caso e involucrarlos socialmente. Los evangélicos peruanos tienen experiencias donde las autoridades han acusado a varios creyentes sólo por presión política como fue el caso de Juan Tomailla, en el caso de los desaparecidos de La Cantuta, hecho que después fue comprobado que los autores fueron paramilitares liderados por el siniestro ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.
En quinto lugar se dijo que también con las armas se encontró drogas. ¿Dónde está ahora esa droga? Si los campesinos también eran narcotraficantes, dónde está la prueba del delito. Paradójicamente, los detenidos, recluidos ahora en la cárcel de máxima seguridad de Yanamilla son miembros de las rondas campesinas, grupos que precisamente combaten contra la subversión y narcotraficantes en el Perú.
En sexto lugar, por lo menos tres de esos ocho campesinos detenidos, son miembros activos de una iglesia evangélica. De ahí que no es nada raro ver que desde hace algunos días, diversas congregaciones cristianas estén realizando vigilias, cultos de oración y alabanza, y prédicas a favor de la libertad de esos hermanos. Instituciones como la Fraternidad de Pastores de Huanta y del Concilio Nacional Evangélico del Perú han expresado su extrañeza sobre el caso, exigiendo la libertad de sus feligreses.
¿Por qué entonces las autoridades persisten en la acusación contra estos hermanos campesinos? Creemos que por algunas tontas razones y por presiones políticas. Ensayemos algunas respuestas. A cómo de lugar se debe demostrar que hubo una rápida respuesta ante la emboscada narco-terrorista. También, se quiere transmitir que hubo severidad (léase mano dura) en las investigaciones. Otra razón sería que el periodismo necesitaba respuestas acerca las investigaciones o simplemente era una cortina de humo para discutir en el Congreso de la República la pena de muerte para los terroristas, postulado que fue desestimado por la mayoría parlamentaria.
El gobierno hace mal en no admitir que se equivocó y debe ayudar a liberar a los campesinos, ahora en manos del Poder Judicial. Las autoridades deben indemnizar a los perjudicados y pedir disculpas por el atropello cometido. La iglesia cristiana no espera perdón de nadie, pero sí está intercediendo ante el Todopoderoso para que los hermanos campesinos hallen gracia en la justicia peruana.
En 1971, el astronauta estadounidense James Benson Irwin "recorrió" literalmente la mitad de la luna. La misión del Apolo 15, permitió que Jim Irwin, como cariñosamente le llamábamos, se convirtiera en el primer hombre que utilizó un vehículo terrestre en la luna y el quinto humano en pisar la superficie lunar. 
