El rescate de la ex candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, ha puesto nuevamente en el debate público la situación de miles de rehenes que están cautivos desde hace años por los grupos alzados en armas en alianza con los narcotraficantes, fatídica cohesión que cada día enluta, envilece y enferma a miles de ciudadanos en América Latina.Las primeras declaraciones de la liberada fueron: “La libertad es algo importante…la libertad es un bien que debe ser respetado”, frases que resumen el anhelo de millones de latinoamericanos, quienes expresan su total rechazo a prácticas totalitarias, restrictivas e inhumanas por parte de los grupos extremistas en diversos países de la región, especialmente en Colombia y Perú, naciones que viven también el flagelo del narcotráfico.
Aunque la experiencia colombiana data desde hace unos 50 años, es notorio que esa nación andina, ha realizado diversos esfuerzos de reconciliación con los grupos subversivos como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el M-19 (Movimiento 19 de Abril), este último reincorporado a la civilidad democrática.
Efectivamente, el 19 de julio de 1989, el gobierno del ex presidente Virgilio Barco Vargas y los dirigentes del Movimiento 19 de Abril, suscribieron un acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme del grupo guerrillero. Un año después, el M-19 fundó su partido político que participa activamente en la actualidad en la vida democrática colombiana. La administración Barco concedió una amnistía total a todos los miembros del grupo subversivo.
Pero, la historia nos recuerda que la subversión y el narcotráfico es una alianza que trata de imponer por la fuerza de las armas y la violencia, sus ideas y estilos de vida, cegando la vida de quienes no están de acuerdo con esas posturas. El 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán, quien lideraba las encuestas electorales, fue asesinado mientras pronunciaba un discurso político en Bogotá. Debido a la temprana desaparición de José Carlos Galán, asumió la candidatura, su director de campaña, César Gaviria Trujillo, quien ganó las elecciones presidenciales de 1990.
Como resultado de ese fatídico hecho, el gobierno del presidente Barco, restableció por decreto ley el tratado de extradición de narcotraficantes de Colombia a los Estados Unidos para ser juzgados, acción que motivó a los narcotraficantes del cártel de Medellín publicar una declaración de rendición incondicional, paralización de colocación de bombas y otras actividades ilegales, a cambio de no ser extraditados a los Estados Unidos. Por supuesto que el ex presidente Virgilio Barco no accedió a esa petición.
La violencia narco-terrorista obligó a muchos alcaldes, ministros, candidatos y autoridades colombianas a renunciar a sus cargos, situación que también ocurrió en Perú, permitiendo que la barbarie reine en las llamadas “zonas liberadas”. Aunque en la nación inca la subversión fue frenada con la captura de Abimael Guzmán, fundador del grupo maoísta Sendero Luminoso, en Colombia, la liberación de Ingrid Betancourt y la “misteriosa” muerte de Manuel Marulanda (a) “Tirofijo”, así como de otros líderes, están presionando a la narco-guerrilla, que ahora anda sin brújula política qué seguir.
Esta realidad revela que urge la unidad de criterios políticos de las autoridades regionales para evitar que la soldadesca subversiva de las FARC se refugié en áreas de difícil acceso y libre de custodia de Perú, Ecuador y Venezuela. Ante el crimen organizado, ningún gobierno debe ceder a las presiones que sólo buscan el caos y miseria entre nuestros pueblos.
FIRMADOS Nº 062
Lima, Julio 7, 2008
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