ARTICULO: Tras cuernos, palos

El martes 2 de octubre hubo una reyerta entre internos del Penal Miguel Castro Castro por tomar el control de esa cárcel limeña que es administrada por la Policía Nacional del Perú (PNP). El saldo trágico fue un fallecido y más de veinte heridos, algunos de suma gravedad. Hubo balazos entre ellos y enfrentamientos con armas punzo-cortantes en ese penal que es considerado como uno de los más seguros del país y donde están los presos de mayor peligrosidad. Esta reyerta (una más en el calendario de las cárceles peruanas) justo se realizó una semana después que la PNP hizo un requisa de armas en todos los pabellones, donde se encontraron dos pistolas, dos granadas de guerra, muchos cuchillos, diversas clases de drogas y docenas de teléfonos celulares. Al parecer la requisa de la semana pasada no fue muy rigurosa o simplemente las armas usadas son nuevas adquisiciones de los internos.
Esta cárcel administrada por la policía peruana está también bajo la autoridad del Ministerio del Interior, cuyo titular, el economista Luis Alva Castro, ha sido acusado por sus opositores políticos de deficiente gestión al frente del portafolio ministerial, razón por la cual la oposición política del Congreso de la República exige su renuncia y pretende censurarlo esta semana.

¿Cómo llegan las armas al penal? ¿Cómo ingresaron esas dos granadas de guerra? ¿Quiénes introducen la droga a la cárcel? ¿Por qué hay teléfonos celulares en los penales? ¿No está comprobado que mafias y bandas organizadas siguen dirigiendo a sus secuaces desde las cárceles mediante los teléfonos celulares? Estas interrogantes merecen respuestas por parte de las autoridades de turno. ¿Por qué esperar siempre que suceda alguna desgracia para recién actuar? Una vez más se ratifica el pedido que hiciera muchas veces el presidente de la República a sus funcionarios, exigiendo mayor celeridad en la gestión pública. A juzgar por esta situación, el jefe de Estado sube por el ascensor, mientras sus ministros y funcionarios lo hacen por la escalera. Algo está fallando.

Definitivamente hay muchos involucrados que van desde los familiares de los presos hasta trabajadores de las cárceles y la misma policía. Mientras por un lado se promociona el slogan “A la policía se le respeta”, por el otro lado, hay policías corruptos que son aliados del crimen organizado, que son en última instancia quienes sabotean la marcha del país. Las autoridades deben poner mano dura y sancionar, no sólo a quiénes resulten responsables de la reyerta, sino también a quienes no están haciendo una buena gestión pública. Es notorio que en las cárceles hay grupos de internos que pugnan por el control de las mismas, teniendo estos internos gran poder económico.

Mientras eso ocurra siempre habrá insumos para que los detractores del desarrollo social exijan la cabeza del ministro o la destitución de algún funcionario. Ya es tiempo de actuar con rigor y poner los puntos sobre las íes.

Ahora si de cambios se trata, éstos deben realizarse de acuerdo a las políticas públicas y objetivos institucionales, no para ceder al chantaje o capricho de politiqueros de turno. No se trata que un ministro o funcionario sea malo o deficiente, simplemente el perfil no se ajusta al puesto requerido. Como dirían nuestras abuelas, “zapatero a tu zapato”.

FIRMADOS Nº 034