Al celebrarse en Lima, la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (V Cumbre ALC-UE), quedará en la agenda pendiente de los gobiernos de la región latinoamericana, diversos aspectos de la deuda social que no se debatieron en la capital peruana.Si bien es cierto que la denominada “Declaración de Lima contra la pobreza, desigualdad y exclusión” pretende reforzar las políticas gubernamentales, también es real que urge un mayor compromiso económico de las naciones europeas industrializadas para impulsar el desarrollo social de América Latina.
En la agenda del viejo mundo, integrado por 27 países, los esfuerzos económicos y financieros se orientan hacia las naciones del este europeo que vivieron bajo el dominio de la ex Unión Soviética que son las más atrasadas del continente. América Latina tiene que competir con esas prioridades y debe hacerlo con proyectos sociales viables y atractivos para la inversión privada extranjera.
Asimismo, en la región no todos los países tienen las mismas prioridades por intereses de políticas internas. Chile y Perú son las administraciones más interesadas en abrir sus economías con otros mercados, sean europeos como asiáticos. Ambas naciones conjuntamente con México, Estados Unidos y Canadá son las únicas cinco economías del hemisferio americano que son miembros del exclusivo foro Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), que también celebrará en Lima la Cumbre Mundial APEC en noviembre próximo.
Las conclusiones de la V Cumbre ALC-UE son retos que cada administración regional debe asumir a la brevedad posible. Queda pendiente una agenda basada en la deuda social que tienen los gobiernos: Pobreza, desempleo, inestabilidad política, exclusión social, racismos, violación de derechos humanos y deterioro del medio ambiente. Los dos temas que se abordaron: “Pobreza, desigualdad e inclusión” y “Desarrollo sostenible: Medio ambiente, cambio climático y energía”, son resultados de la deficiente gestión pública de los recursos económicos y naturales, en algunos casos, hasta coludidos con actos de corrupción.
Se estima que en América Latina viven 220 millones de pobres y en algunos países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, América Central y el Caribe, la extrema pobreza supera el promedio regional. Y son precisamente éstos países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador quienes postulan concepciones totalitarias, casi reñidas con los principios democráticos.
Desde estas perspectivas, la internacionalización de la economía exige mayor visión de futuro, acuerdos bilaterales, liberalización de aranceles, libertades democráticas, estabilidad jurídica y respeto a la inversión extranjera. El nuevo orden económico mundial así lo exige y las reglas de juego deben ser transparentes.
La experiencia nos enseña que países europeos como España, Irlanda, Portugal y las economías del sudeste asiático como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, se desarrollaron económica y socialmente con nuevas y mayores inversiones foráneas.
La deuda social que tiene América Latina es una prioridad que las diversas administraciones de gobierno, cualquiera sea su color político, debe tenerla en la agenda pendiente para los próximos años.
FIRMADOS Nº 058
Lima, Mayo 15, 2008
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