El reciente escándalo de corrupción descubierto en el Banco de Materiales (Banmat) y la remoción del directorio en pleno de esa institución por parte del presidente Alan García Pérez, ha puesto en el tapete, una vez más, el tema de la corrupción en la administración pública del Perú.Los actos de corrupción que permitieron que aproximadamente unos 50 altos funcionarios de esa institución se adjudicarán para sí mismos o para familiares los departamentos destinados a personas de escasos recursos económicos, también ha generado que el presidente solicite una investigación a todos los funcionarios públicos para evitar futuras sorpresas en la administración que preside.
Sin embargo, el hecho que el Congreso de la República, una de las instituciones más desacreditadas del país, haya solicitado dos meses para investigar los actos de corrupción en el Banmat, ha causado más de una sorpresa. Los 60 días que piden los congresistas es tiempo suficiente para que los involucrados puedan preparar sus maletas y viajar a lugares desconocidos por la justicia. El rezo popular “otorongo no come otorongo” al parecer sí funciona para estos casos.
La corrupción en el Banmat confirma que los mayores casos de actos dolosos lo realizan precisamente altos funcionarios, algunos de ellos miembros de diversos partidos políticos. Por cierto que en la actual administración, muchos excelentes profesionales miembros del partido de gobierno no trabajan para el Estado. El grueso de los altos funcionarios provienen de administraciones anteriores (Alejandro Toledo y Valentín Paniagua) o son allegados otros grupos políticos.
Por un lado notamos al presidente García haciendo esfuerzos para controlar, reducir y castigar a los corruptos, pero por el otro lado, notamos actitudes flexibles y permisivas en algunos miembros del Congreso de la República para tocar con manos de seda a los involucrados en actos de corrupción.
Muchos de los casos de corrupción se deben a la falta de adecuados controles internos por parte de las gerencias y directorios de las instituciones públicas y privadas, por también por la escasez de auditorías externas por parte de la Contraloría General de la República (CGR). En este último caso, la CGR no tiene los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de auditores externos.
Precisamente, ante el pedido de mayores recursos para la CGR para realizar con eficiencia su labor, fueron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes desestimaron el pedido, a pesar de ser un dictamen aprobado por el Congreso de la República. Es decir, en el MEF hay alguien (o algunos) que “inocentemente” contribuyen para que no hayan adecuados controles internos en las instituciones públicas. Por eso preguntamos en voz alta: ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores?
FIRMADOS Nº 055
Lima, Abril 16, 2008
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