La muerte de Raúl Reyes, subjefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en territorio ecuatoriano sigue causando más de un malestar en diversos gobiernos de América Latina, ocasionando una crisis política en la región.Si bien es cierto que el gobierno colombiano violó la soberanía e integridad ecuatoriana con la finalidad de eliminar a un grupo terrorista de las FARC, también es real que la presencia física de esos subversivos colombianos en territorio ecuatoriano, con presunto apoyo financiero del gobierno venezolano, es un atentado contra la paz y democracia regional.
Cuesta creer que mientras gobiernos elegidos democráticamente luchen por el establecimiento de los derechos democráticos de sus ciudadanos, existan regímenes autoritarios que patrocinen y financien actividades criminales de grupos alzados en armas. Las FARC conjuntamente con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) son grupos aliados al narcotráfico y son los principales desestabilizadores de la democracia colombiana desde hace más de 40 años. Secuestran políticos, empresarios y extranjeros con la finalidad de intercambiarlos por subversivos presos
El Perú ha vivido de cerca la amarga experiencia de tener grupos terroristas como Sendero Luminoso y el mal llamado Movimiento Revolucionario “Túpac Amaru” que causaron la muerte de más de 25,000 personas durante aproximadamente doce años. Resultado de esa lacra social son los miles de peruanos asesinados, falta de energía eléctrica en diversos pueblos de la sierra, niños huérfanos, pueblos arrasados por la violencia política, inmigración campesina, empresas y colegios cerrados, falta de inversión social, y desorden social.
Detrás de la actual crisis política en América Latina hay otras cosas que están en juego. La democracia tiene un nuevo reto por sortear. El general peruano Eloy Ureta solía decir que “las ideas no se imponen, sino se exponen”. Reconocemos que hubo violación de la soberanía ecuatoriana por parte de Colombia, pero rechazamos al mismo tiempo la sombría actitud de los gobiernos de Ecuador y Venezuela por auspiciar la presencia de grupos narco-terroristas, principales desestabilizadores de la democracia en América Latina.
Los gobiernos latinoamericanos, elegidos democráticamente, deberán cerrar filas contra quienes solo pretenden crear el caos y el desorden en la región. Y en el Perú, los peruanos deben rechazar a quienes profesan falsos nacionalismos, provocando la violencia callejera, toma de carreteras, incendios de comisarías, oposición al desarrollo minero, violación de la propiedad privada, ataques a buses interprovinciales y destrucción de la propiedad pública.
FIRMADOS Nº 049
Lima, Marzo 5, 2008
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